• 27May

    La sentencia que hoy comentamos absuelve a un Inspector y a un Agente de Policía de delitos de cohecho y revelación de secretos.

    Los hechos sucedieron cuando un Inspector de Policía accedió  a la base de datos policial con la clave de otro compañero obteniendo la f oto y algunos datos personales de un ciudadano como sus antecedentes policiales, dirección, datos personales de sus hijos, matrículas de los coches de la familia, datos todos estos que facilitó a R., el cual lo remitió por fax a un conocido en Asturias para gestionar el cobro de una deuda.

    La Unidad de Asuntos Internos, tuvo noticias de que el funcionario de Policía S., destinado en Huelva, estaba dando cobertura a JL y R, sospechosos de tráfico de estupefacientes.  El policía S., a instancia de JL (traficante), consultó la matrícula de vehículo usado por los funcionarios de Asuntos Internos por parecerle a éste último que le estaban vigilando. Otro día, JL llamó al agente preguntando por otra persona que le había quitado dinero a un amigo suyo, informándole el agente que habían hecho un registro a un conocido y que le habían “cogido con un montón de chocolate”.

    En otra ocasión el agente referido se interesó por JL porque una avioneta había sobrevolado unas embarcaciones entre las que se encontraba la suya, también por si había estado implicado en una operación en Portugal recomendándole que tuviera cuidado y le informó que la Guardia Civil estaba investigando el asunto; asimismo le informó de que un tercero con quien JL había tenido un incidente, estaba en prisión por si quería JL que “hicieran algo con él”.

    También figura acreditado que el agente informó a terceros sobre actividades policiales y se ofreció a seguir informando sobre las mismas aún cuando cambiara de destino. A cambio de tales informaciones recibió el agente cantidades de dinero no concretadas.

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  • 20May

    La sentencia que esta semana comentamos se centra en el estudio de la legalidad de una entrada y registro domiciliaria autorizada por resolución judicial, aunque no se especifique el día y hora de realización de ese registro.

    Los hechos sucedieron cuando la acusada se dedicaba a la distribución y venta de sustancias estupefacientes, siendo ayudada en algunas ocasiones por otra persona que recogía el dinero de los compradores y les hacía entrega de la sustancia.

    Efectuada vigilancia en el domicilio, se observaron numerosas operaciones de venta de “menudeo”.

    Se efectuó entrada y registro en el domicilio en virtud de Auto del Juzgado y la referida acusada al detectar la presencia policial, se dirigió al baño arrojando al inodoro la droga de la que disponía para suministrarla a terceros, encontrándose en esa diligencia de entrada y registro flotando en el water dos papelinas de cocaína, interviniéndose en el suelo del mismo cuarto de baño 9 papelinas así como dinero en efectivo procedente de su ilícita actividad. Analizadas dichas papelinas resultó que contenían heroína y cocaína.

    La acusada, al tiempo de cometer los hechos relatados, padecía toxicomanía derivada del consumo de heroína y cocaína, no constando la gravedad de la dependencia ni que le anulase su libre albedrío para comprender la ilicitud de sus actos.

    Tanto la acusada como su ayudante tenían varias condenas a penas de prisión por delitos contra la salud pública y se dictó nueva sentencia en la que fueron de nuevo condenados por el mismo delito. La acusada la recurrió alegando, entre otras cosas, la vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio del art. 18.2 CE.

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  • 13May

    La sentencia que hoy comentamos considera atentado a la acción de un acusado frente a un agente al que intentó sujetar esgrimiendo unas tijeras.

    Los hechos sucedieron cuando los agentes fueron requeridos para realizar el traslado del acusado desde el centro penitenciario donde estaba cumpliendo condena hasta un hospital para que fuera atendido de unas lesiones que se había producido el día anterior.

    Los agentes encargados de dicho traslado sometieron al acusado, con carácter previo al mismo, a un registro corporal con resultado negativo y decidieron no hacer uso de los grilletes debido a que les habían comunicado que el acusado posiblemente tuviera rotos los dedos de la mano, no constando en la ficha del interno que aquél fuera peligroso.

    Llegados al hospital, el acusado fue atendido por una doctora quien tras las oportunas radiografías, le prescribió que mantuviera el brazo en cabestrillo hasta su completa curación, lo que motivó que a la salida del hospital, los agentes decidieran no colocarle los grilletes.

    El acusado, pese a hallarse custodiado en todo momento por los agentes, se apoderó de unas tijeras de quince centímetros de las usadas en oficinas y cuando estaban próximos a la salida del hospital, se zafó de uno de los agentes que le tenía sujeto y con las tijeras en la mano, se abalanzó sobre el otro tratando de sujetarle por el cuello con su mando izquierda al tiempo que acercaba las tijeras al cuello del agente, quien se agachó y empujó hacia atrás al acusado que impactó contra una cristalera.

    Los agentes salieron tras el acusado que se dirigió hacia el interior del hospital, llegando a la recepción donde se encontraban diversas personas y cogió por el cuello con una mano a la doctora que le había atendido mientras que con la otra mano, colocaba las tijeras en el cuello, advirtiendo a los agentes que depusieran las armas que habían desenfundado y le clavaría las tijeras a la misma.

    Así, el acusado y la doctora salieron del hospital hacia la calle y en un semáforo en rojo, se encontraba un vehículo esperando a que se pusiera en verde y el acusado se situó delante de este vehículo al tiempo que se dirigía a gritos a su conductor, diciéndole que bajara del mismo introduciendo por las ventanilla las tijeras.

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  • 06May

    Hoy te comentamos una sentencia en la que el Tribunal Supremo ratifica el reparto de competencias entre la Policía Nacional y la Guardia Civil.

    Mediante el presente recurso contencioso administrativo se cuestionó la legalidad del Real Decreto 1571/2007 por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.

    El Sindicato de Policía sostiene que el Real Decreto impugnado no respeta el reparto de competencias de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Considera que corresponde en exclusiva al Cuerpo Nacional de Policía “el control de entrada y salida del territorio español de españoles y extranjeros”; “la investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga” y “colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países conforme a lo establecido en los tratados o Acuerdos Internacionales sobre las leyes, bajo la superior dirección del Ministerio del Interior”.

    El régimen jurídico de las funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se establece en la Ley Orgánica 2/1986, cuyo artículo 11 relaciona aquellas funciones comunes a ambos cuerpos de seguridad, esto es, policía y guardia civil. Entre estas podemos destacar la función de investigar delitos para descubrir y detener a los culpables así como prevenir la comisión de actos delictivos.

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