• 18Nov

    En la sentencia de hoy se ABSUELVE por nulidad de las escuchas telefónicas a un POLICIA NACIONAL ACUSADO DE COHECHO Y REVELACIÓN DE SECRETOS por suministrar información de las actuaciones de la Brigada de Extranjería.

    Los hechos sucedieron cuando ante la sospecha por parte de la Brigada de Extranjería de que en un Club existían mujeres obligadas a ejercer el alterne y la prostitución en situación irregular y que también se daban actividades relacionadas con el tráfico de drogas, se solicitó del Juzgado la autorización de la intervención del teléfono del propietario del citado negocio.

    Fruto de esas investigaciones, se autorizó la entrada y registro del club y también de dos inmuebles alquilados por el propietario de dicho club. En el momento de acceder al club, se observó la presencia de unas catorce mujeres con vestimenta ligera captando clientes para mantener relaciones sexuales. De todas ellas, al menos cinco se encontraban en situación irregular.

    Los contactos sexuales entre las prostitutas y los clientes tenían lugar en las habitaciones del club.

    El dueño del club mantenía conversaciones telefónicas con los acusados, uno de ellos agente de policía nacional, el cual a cambio de dinero podía informarles de los operativos de la Brigada de Extranjería para así poder ocultar las mujeres que ejercían la prostitución en situación irregular.

    Este agente, al menos en cuatro ocasiones y a cambio de dinero, pasó información a los otros acusados que se la hacían llegar al dueño del club.

    Por estos hechos se dictó sentencia en la que se condenó a todos los acusados como autores de un delito de cohecho y además al agente de policía nacional como autor de un delito de revelación de secretos. Todos los condenados recurrieron la sentencia alegando, entre otras cosas, la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho al secreto de las comunicaciones.

    Respecto al agente que recurre, informaba a los otros acusados de la actividad policial de la Brigada de Extranjería respecto a locales en los que se ejercía la prostitución, para evitar detenciones de las personas que trabajan en situaciones de irregularidad.

    Se relata el suministro de información en cuatro operaciones así como la solicitud de dinero a cambio de la información. El agente recurre alegando la ilicitud de la intervención telefónica, respecto al que denuncia que carece de motivación, que se ha adoptado con vulneración de la debida proporcionalidad al no ser grave el delito que se investiga y por falta de necesidad, por no actuar otros medios menos lesivos.

    La Sala estima el motivo porque el oficio de la policía no justifica ni los indicios de la comisión de un delito ni la necesidad de la injerencia. Se expresa que “mediante inspecciones efectuadas en el local se ha comprobado que alternan y posiblemente ejercen la prostitución, mujeres de nacionalidad extranjera, la mayoría brasileñas que son traídas a España como turistas y que una vez en territorio nacional se ven obligadas a ejercer el alterne y la prostitución” …. Así como “comprueban que las mujeres viven en un chalet en el que también vive el encargado del club, que las trae diariamente al club”.

    Dice la Sala que no hay ninguna otra argumentación que justifique la medida y que explicite la consideración de necesaria. No se hace referencia alguna a una investigación sobre la naturaleza coactiva ni tampoco se refieren hechos indicadores de una migración ilícita, salvo que las mujeres venían como turistas; tampoco se hace referencia a tráfico de drogas alguno.

    De todo esto, la resolución de la injerencia carece de la precisa motivación justificadora de la lesión al derecho fundamental. Se limita a constatar que hay personas que “posiblemente” ejercen la prostitución y que solicita la intervención para indagar si se ha cometido algún delito. Asimismo, el Auto judicial es una mera transcripción del oficio policial.

    Continúa la Sala diciendo que de acuerdo con su doctrina jurisprudencial. Cuando se trata de intervenciones telefónicas, la resolución judicial debe contener la expresión de las razones fácticas y jurídicas que apoyan la adopción de la medida, es decir, los indicios que existan acerca de la comisión de un delito grave y los que vinculen con dicho delito a la persona que se pretende investigar. La decisión judicial debe contener el juicio  de ponderación que exprese el razonamiento del juez acerca de la proporcionalidad y necesidad de la medida.

    Termina la Sala declarando no ajustada a las exigencias constitucionales y legales la injerencia telefónica, y siendo la única prueba valorada para el agente policial recurrente, anular la sentencia para dictar otra en la que se absuelve a todos los recurrentes de los delitos de los que venían siendo acusados.

    Si quieres descargarte el texto íntegro de la Sentencia, pincha AQUI.

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    http://www.amparolegal.com/assets/plugindata/poola/e18112011.pdf

    Posted by Javier YAGÜE @ 13:00

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