• 16Dic

    La sentencia que hoy comentamos  DA VÍA LIBRE POLICIAL para perseguir delitos informáticos SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL.

    La Audiencia Provincial de Sevilla condenó a un ciudadano como autor de un delito de corrupción de menores del art. 189.1.b) C. Penal porque consideró probados que entre los meses de noviembre y diciembre de 2007, el acusado, había tenido en su ordenador personal portátil numerosos ficheros de fotografías y vídeos mostrando a menores de edad –muchos de ellos no alcanzan los trece años-, solos o acompañados de otros menores, desnudos en actitudes y prácticas explícitamente sexuales.

    Las actuaciones vienen por la denuncia formulada por el propietario de una tienda de informática en la que se personó el acusado  entregándole su ordenador portátil con el encargo de cambiar la grabadora que no funcionaba. Una vez efectuada la reparación y para comprobar el correcto funcionamiento de las piezas sustituidas, el informático –como al parecer es práctica habitual-, escogió al azar diversos archivos de gran tamaño (fotografías, videos o música) para grabarlos y reproducirlos en el ordenador, visualizándose entonces las imágenes pornográficas que contenía. El informático puso entonces tal circunstancia en conocimiento de la Policía Nacional, que procedió a la intervención del portátil y al examen de su contenido, sin solicitar autorización judicial al efecto.

    El acusado recurrió la sentencia ante el T. Supremo que la confirmó y no consideró que la actuación del informático y de la Policía Nacional vulnerara su derecho a la intimidad del acusado por dos razones:

    – El informático especificó en juicio que al recibir el encargo, preguntó al acusado si el ordenador tenía contraseña, a lo que el cliente le respondió que no, sin establecerle limitación alguna en el uso del ordenador y acceso a los ficheros que almacenaba. En consecuencia, pese a conocer que el técnico accedería al disco duro del ordenador, el acusado consintió en ello sin objetar nada ni realizar ninguna otra prevención o reserva que permita concluir que pretendía mantener al margen del conocimiento ajeno determinada información.

    – El perito policial corroboró que el acusado tenía configurado el programa eMule de manera que todos los archivos del disco estuvieran a disposición de cualquier otro usuario de la aplicación. En definitiva, difícilmente  puede invocarse el derecho a la intimidad cuando los propios actos del acusado indican que no tenía intención ni voluntad alguna de preservar para su esfera íntima, exclusiva y personal ninguno de los ficheros que conservaba en su ordenador, pues a ellos tenía acceso cualquier persona que se conectara a internet a la misma red de intercambio.

    En definitiva, el T. Supremo encontró dos factores para decidir que no había existido una vulneración de su derecho a la intimidad:

    – El acusado no había dispuesto un ámbito de privacidad respecto al contenido pornográfico infantil de su ordenador
    – No fue necesaria gestión alguna para desvelar la identidad del acusado como usuario del ordenador y de su contenido

    El acusado interpuso demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional alegando que se había vulnerado su derecho a la intimidad (art. 18.1 CE), del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) y del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) por haberse fundado la condena en prueba de cargo obtenida  con vulneración del primer derecho, al haber accedido tanto el informático como la Policía a determinados archivos de su ordenador sin su consentimiento y sin autorización judicial y no existiendo además razones de urgencia.

    El Constitucional  recuerda su doctrina en relación con el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE) que implica la existencia un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario para mantener una calidad mínima de la vida humana. Se deduce que este derecho confiere a la persona el poder jurídico de imponer a terceros del deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima y la prohibición de hacer uso de lo así conocido.

    No obstante lo anterior, hemos afirmado que el consentimiento eficaz del sujeto particular permitirá la inmisión en su derecho a la intimidad, pues corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno, aunque este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento. Este consentimiento no necesita ser expreso, puede ser también tácito.

    Tampoco se considera ilegítima la injerencia que encuentra su fundamento en la necesidad de preservar el ámbito de protección de otros derechos fundamentales u otros bienes jurídicos. La doctrina señala que el derecho a la intimidad persona puede verse restringido y que los requisitos son los siguientes:
    – La existencia de un fin legítimo
    – Que la medida limitativa del derecho esté prevista en la Ley
    – Que como regla general se acuerde mediante una resolución judicial motivada ( si bien está permitido la práctica de inspecciones, reconocimientos y registros siempre y cuando se respeten los principios de proporcionalidad y razonabilidad)
    – Que la medida sea proporcional

    El siguiente paso del Constitucional es determinar si un ordenador personal puede ser un medio idóneo para el ejercicio de la intimidad personal. Si no hay duda de que los datos personales están dentro del ámbito de la intimidad protegida por la Constitución, menos duda hay de que toda la información almacenada en un ordenador portátil forme parte de ese ámbito privado.

    Es evidente que cuando su titular navega por Internet, participa en foros, redes sociales, descarga archivos y demás, está revelando datos acerca de su personalidad que pueden afectar a su intimidad. A esto debe añadirse que el ordenador es un instrumento útil para los correos electrónicos, pudiendo quedar afectado además del derecho a la intimidad, el derecho al secreto de la comunicaciones del art. 18.3 CE, siendo necesarios establecer garantías frente al uso indebido de las nuevas tecnologías. Por todo ello, el Constitucional considera que el ordenador personal forma parte del ámbito privado de un individuo.

    Continúa el Constitucional analizando por separado las conductas tanto del encargado del establecimiento informático como  de la Policía.

    Según se desprende de las actuaciones, el acusado acudió al establecimiento informático y le hizo entrega de su ordenador portátil  para que le cambiasen la grabadora que no funcionaba. Consta también acreditado que al recibir el ordenador, el informático le preguntó si tenía contraseña respondiendo éste negativamente y sin manifestar limitación alguna en el uso del ordenador y acceso a los ficheros que almacenaba. Una vez efectuada la reparación y para comprobar su correcto funcionamiento, el informático escogió al azar diversos archivos para proceder a su grabación y posterior reproducción en el ordenador, visualizando las imágenes pornográficas de los menores. El informático puso tal circunstancia en conocimiento de la Policía que intervino el portátil.

    En este caso, no hay una autorización expresa para acceder al contenido de los archivos ni tampoco tácitamente pero lo que sí se aprecia es una declaración de su voluntad de hacer entrega a dicho informático de su portátil, poniéndolo a su disposición para su arreglo, informándole incluso de que no precisa de contraseña alguna de acceso. De lo expuesto, se deduce que dicho responsable no se extralimitó del mandato recibido estando amparado el  descubrimiento del material ilícito por la propia autorización expresa del ciudadano. Avala esta conclusión del Constitucional el hecho de que el informático limitara su actuación a la carpeta “mis documentos”, mínimo necesario para realizar la comprobación del arreglo y sin acceder a otras carpetas más ocultas que pudieran tener mayor protección y reserva. Una vez producido el hallazgo, se limitó a cumplir con lo obligación que le viene impuesta a todo ciudadano consistente en denunciar antes las autoridades la posible perpetración de un delito público del que ha tenido conocimiento.

    En consecuencia, el Tribunal descarta que la conducta del informático vulnerara el derecho a la intimidad.

    El Constitucional ahora analiza la legitimación de la actuación policial una vez que el informático presentó la denuncia y les hizo entrega del ordenador, al haberlo revisado sin autorización judicial.

    Con el relato de hechos que hemos recogido hasta ahora, podemos afirmar que el ciudadano autorizó al informático para acceder a su ordenador pero NO así a la Policía.

    Sin embargo, la Policía lo que perseguía era un fin legítimo, por cuando se enmarcaba dentro de los investigaciones que ésta realizaba dirigidas al esclarecimiento de un delito de pornografía infantil. Están habilitados legamente para la realización este tipo de pesquisas pues se encuentran entre sus funciones las de practicar las diligencias necesarias para comprobar los delitos, descubrir sus autores y recoger los efectos, pudiendo efectuar “un primer análisis” de los efectos intervenidos.

    Si bien no contó con la previa autorización judicial, podemos afirmar que nos encontramos ante uno de los supuestos excepcionados de la regla general, pues existen y pueden constatarse razones para entender que la actuación de la Policía era necesaria, resultando además la medida proporcionada.

    Dicho lo anterior, la actuación policial respetó el principio de proporcionalidad, pues se trata de una medida idónea para la investigación del delito, imprescindible en el caso concreto para evitar un eventual borrado de ficheros ilícitos, y que fue ejecutada de tal modo que el sacrificio del derecho a la intimidad no resultó desmedido en relación con la gravedad de los hechos y las evidencias existentes. Además, la Policía dio cuenta al Juez en un espacio corto de tiempo.

    En definitiva, ha de concluirse con que la condena del ciudadano como autor de un delito de distribución de material pornográfico infantil del art. 189.1.b) se sustenta en pruebas de cargo válidamente practicadas por lo que se desestima la demanda de amparo, confirmándose la condena impuesta.

    Si quieres descargarte el texto íntegro de la Sentencia, pincha AQUI.

    Para el caso de que NO puedes descargarte el archivo, COPIA la siguiente dirección y PÉGALO en tu navegador.

    http://www.amparolegal.com/assets/plugindata/poola/e16122011.pdf

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  • 09Dic

    En la sentencia de hoy se recuerda que el FORCEJEO DE UN CIUDADANO QUE PRETENDÍA HUIR DE UN AGENTE es objeto de CONDENA POR RESISTENCIA y CONSIDERA COMO DISFRAZ el hecho de SUBIRSE EL CUELLO DEL JERSEY HASTA LA NARIZ.

    Los hechos sucedieron cuando un ciudadano se dirigió a un establecimiento y una vez en el interior, se subió el cuello del jersey tapándose la cara hasta la nariz, esgrimiendo una navaja a la par que conminaba a dos empleadas exigiéndoles que abrieran la caja registradora, diciéndole éstas que no disponían de la llave, procediendo entonces el ciudadano a manipular la referida caja con la finalidad de conseguir su propósito, entrando en esos momentos un Policía Municipal que había sido alertado, produciéndose un forcejeo entre ellos, pues el acusado intentaba evitar la detención dándose a la fuga, saliendo a la calle donde fue apresado por una patrulla que había acudido en ayuda del agente actuante. El acusado en ese momento era adicto a sustancias opiáceas con una merma de su capacidad de autodeterminación. Continue reading »

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  • 02Dic

    En la sentencia de hoy se ABSUELVE A LOS GUARDIAS CIVILES que fueron CONDENADOS por TORTURAS GRAVES a miembros de ETA.

    La Audiencia Provincial de Guipúzcoa dictó sentencia en la que declaraban probados los siguientes hechos:

    – Dos miembros de ETA se reunieron en la mañana de un domingo de Reyes para realizar una recogida de material en un monte. Uno de ellos recogió dos paquetes que contenían dos revólveres y munición para dichas armas, introdujo los paquetes en su mochila y tras reunirse con el otro, caminaron calle abajo en dirección al lugar donde habían estacionado su vehículo.

    Estando a escasos metros del vehículo, se encontraron con un control de la Guardia Civil. Al verles bajar del monte a esa hora de la mañana del día que era (Reyes), la indumentaria y porque hacía escasamente un mes en esa zona había detenido a un activista de la banda por la entrega de un material, el jefe del operativo policial procedió a identificar a los jóvenes. Continue reading »

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