• 24Feb

    Hoy comentamos una sentencia en la que un cliente de nuestro despacho (Policía Local) se querelló contra su superior (Jefe de Policía del mismo municipio) por irregularidades en la tramitación de multas de tráfico y se confirma la CONDENA AL JEFE DE POLICIA POR PREVARICACIÓN. Dicha sentencia ha sido ratificada por el Tribunal Supremo.

    El acusado, actuando como Jefe de Policía Local de un municipio, venía obligado a la tramitación y remisión a la Jefatura Provincial de Tráfico de las denuncias por diversas infracciones administrativas relacionadas con la seguridad vial y de otro tipo que efectuaran los agentes de policía bajo sus órdenes.

    Sin embargo, de forman intencionada, no tramitó diversas denuncias que agentes de dicha localidad efectuaron sobre actuaciones administrativas ilícitas de ciudadanos del municipio relacionadas con la seguridad vial, de tal modo que dichas denuncias no fueron remitidas a la Jefatura Provincial de Tráfico, y todo ello sin motivo razonable alguno, quedando sin efecto y sin que la infracción cometida tuviera respuesta alguna administrativa. Continue reading »

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  • 17Feb

     

    La sentencia de hoy ANULA el LÍMITE MÁXIMO de EDAD de 30 años PARA ACCEDER por TURNO LIBRE a INSPECTOR de POLICÍA NACIONAL.

    Un ciudadano impugnó la desestimación por silencio administrativo por el Consejo de Ministros del recurso que había interpuesto ante él contra la resolución de 5 de octubre de 2007 de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la que se convoca oposición libre con cubrir plazas de la categoría de Inspector del Cuerpo Nacional de Policía, por la que se publica la lista definitiva de admitidos y excluidos.

    El ciudadano sostiene la nulidad del art. 2.1.b) de dicha convocatoria porque imponía un máximo de edad a los aspirantes (tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido los treinta).

    El demandante, con más de 30 años en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, fue excluido del proceso selectivo por “falta del requisito de la edad”. En su demanda alega que impide acceder a la función pública a los que hayan superado esa edad y crea incertidumbre sobre quienes podrán participar en ella, pues dependerá de cuando se publique. También alega que no se justifica ya que las pruebas físicas y médicas garantizan por sí solas la idoneidad física de los aspirantes, pruebas de las que destaca su gran rigor.

    Sigue diciendo el demandante que hay medios para garantizar las capacidades de los policías en activo por lo que el límite de edad máxima es innecesario aunque no discute que se establezca para determinados puestos de trabajo en los que se requiera una juventud acentuada. Continue reading »

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  • 10Feb

    La sentencia de hoy ABSUELVE a DOS de los TRES ETARRAS CONDENADOS por un ATENTADO contra un CUARTEL de la GUARDIA CIVIL.

    Los hechos sucedieron cuando dos de los acusados se trasladaron a Francia para traer desde allí, una furgoneta cargada de explosivos, cuyo contenido ambos conocían y que iba a ser utilizado en un ataque a un cuartel de la Guardia Civil. Una vez que regresaron de Francia, dejaron la furgoneta estacionada en una localidad con los explosivos en el interior tapados con una manta. Esa furgoneta había sido robada a su propietaria y tenía las matrículas dobladas.

    Dos días más tarde, se juntaron en esa localidad la furgoneta y dos vehículos, uno de ellos lo utilizarían para la huida cuando atacasen el cuartel y el otro serviría de lanzadera a los otros dos en el trayecto desde esa localidad hasta el cuartel.

    Una vez en el Cuartel, dos de los acusados dejaron estacionada junto a la puerta de acceso al recinto de ese edificio la furgoneta cargada de los explosivos y abandonaron el lugar en el vehículo que les estaba esperando conducido por el tercero de los acusados, vehículo que posteriormente abandonaron en un monte con un explosivo cronometrado para que estallara, cosa que no se produjo por ser localizado dicho vehículo antes de la hora prevista.

    La furgoneta había explotado, no dando tiempo a esquivar o reducir sus efectos, dado que no hubo llamada de aviso, produciéndose la misma a los dos minutos de ser aparcada a las puertas del cuartel y tratarse de una carga explosiva de unos 150 ó 200 kg de amonal.

    La explosión causó la muerte de un Guardia Civil y heridas de diferente consideración a veintisiete personas; también causó desperfectos en la estructura del edificio con derrumbamiento de la zona central de la fachada. Dicho atentado fue reivindicado por ETA.

    La Audiencia Nacional dictó sentencia en la que condenaba a los dos acusados que estacionaron la furgoneta, como autores de un delito de asesinato terrorista, veintiséis delitos de asesinato terrorista intentado, un delito de estragos terroristas, y delito de daños y dos delitos de utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno. Al otro acusado, el que les esperaba en el vehículo en el que huyeron, le condena como autor responsable de un delito de colaboración con organización terrorista.

    La sentencia fue recurrida por los condenados y por una de las agentes perjudicadas.

    Respecto de los terroristas, denuncian la vulneración de su presunción de inocencia argumentando que sus condenas se basan en la segunda declaración policial.  Al respecto, el Tribunal Supremo ha indicado que según su doctrina, las únicas pruebas de cargo que pueden ser valoradas con eficacia son las practicadas en el juicio bajo los principios de oralidad, inmediación y contradicción, mientras que las diligencias practicadas en la fase de instrucción son solamente medios de investigación.

    En lo que se refiere a las declaraciones testificales, permiten incorporar al plenario el resultado de diligencias sumariales cuando se aprecie contradicción entre lo declarado ante el Juez y lo declarado en el juicio oral. La jurisprudencia ha entendido que el tribunal puede atender razonadamente a una u otra declaración para establecer el relato fáctico. Se trata de la incorporación al plenario como pruebas, el resultado de diligencias sumariales para que el Tribunal pueda proceder válidamente a su valoración.

    Respecto de las declaraciones prestadas por los testigos en sede policial, carecen de valor probatorio de cargo, siendo necesario para ello que sean ratificadas a presencia judicial.

    Cuando se trata de declaraciones de imputados prestadas en sede policial, no podrán ser utilizadas en caso de que se hubieran practicado con vulneración de derechos fundamentales. Sin embargo, aún cuando se trate de declaraciones válidas al haber sido practicadas con toda corrección, no pueden ser incorporadas como prueba de cargo, pues no han sido prestadas ante el Juez.  A pesar de ello, pueden aportar datos que permitan seguir líneas de investigación que conduzcan a la obtención de verdaderas pruebas.

    Esto no quiere decir que no tengan ningún valor, pues en el caso de tratarse de declaraciones autoincriminatorias, si proporcionan datos objetivos de donde obtenerse indicios de su veracidad, la prueba de cargo se obtendrá a través de esos otros elementos probatorios, que conformarán la convicción judicial, y no estrictamente de su declaración policial.

    La sentencia recurrida se basa en gran medida en las declaraciones policiales; además, cuando se prestan esas dos declaraciones, el recurrente se encontraba en situación de detención incomunicada, lo cual supone la imposibilidad de designar letrado de su elección y de entrevistarse con el letrado de oficio que haya asistido a la diligencia. Esta situación no es constitucionalmente legítima, pero está orientada a proteger y salvaguardar la investigación y no a provocar una disminución en los niveles de defensa del detenido. Por otra parte, en la segunda declaración policial consta que el condenado se negó a firmar, lo cual incide negativamente en el valor de la declaración.

    Respecto del recurso presentado por una de las agentes perjudicadas, argumenta la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva con vulneración del derecho de defensa y señala que el tribunal no ha resuelto sobre su pretensión de ser considerada víctima del atentado. Señala que no estaba físicamente en el cuartel en el momento del atentado pero que perdió todos sus enseres personales. La Sala analiza su condición de perjudicada por el hecho y dice que sí debe ser considerada como perjudicada en cuanto a los daños sufridos por la pérdida de sus enseres personales. La cuestión es diferente en cuanto a las lesiones psíquicas que tiene a causa de la impresión que le causó el hecho.

    Sin embargo, las indemnizaciones por el hecho delictivo solamente proceden cuando los daños vengan directamente originados por aquél, sin que sea posible su extensión a cualquier otro daño causado. El Código Penal prevé la indemnización a terceros pero la jurisprudencia lo limita, considerando terceros los que han sido directamente perjudicados por el hecho, sin que sea posible la indemnización a los perjudicados indirectos. Por lo tanto, los trastornos psíquicos que padece, aún cuando del alguna forma se relacionen con la impresión que le produjo el suceso, no se derivan directamente del hecho delictivo que ocurrió cuando ella no se encontraba siquiera en el lugar, sino del conocimiento que a distancia tuvo del mismo.

    Por todo ello, se anuló parcialmente la sentencia y se dictó otra en la que se absolvía a dos de los acusados, manteniendo la condena para el otro que también deberá indemnizar a la agente por sus enseres personales.

    Si quieres descargarte el texto íntegro de la Sentencia, pincha AQUI.

    Para el caso de que NO puedes descargarte el archivo, COPIA la siguiente dirección y PÉGALO en tu navegador.

    http://www.amparolegal.com/assets/plugindata/poola/e10022012.pdf

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  • 03Feb

    La sentencia comentada hoy reconoce la IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN A UN MENOR QUE PERDIÓ LA VISIÓN DE UN OJO cuando se vio envuelto en un incidente policial con aficionados ultras de fútbol.

    Los hechos sucedieron en un encuentro deportivo cuando estando próxima la llegada del autocar con los jugadores de fútbol y con la finalidad de facilitar la entrada de los mismos en el estadio y el normal desarrollo del evento deportivo, se procede a avanzar hacia una barricada formada por aficionados ultras a fin de retirarla y disgregar a ese grupo que estaba lanzando objetos como piedras, botellas y demás objetos contra los agentes, debiendo estos repeler la agresión con utilización de material antidisturbios.

    Como consecuencia de la lluvia de objetos, el subinspector y un agente observaron que muchos de los objetos impactaban al lado de un bar, advirtiendo cómo se inicia una pelea entre dos individuos, uno de los cuales sale corriendo y tras un breve intercambio de golpes entre ellos, regresa a las inmediaciones del bar y acompaña a una mujer que lleva en brazos a un niño de diez o doce años con la cara ensangrentada, ignorando cómo se había producido la lesión. Continue reading »

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