• 30Nov

    Hoy no comentaremos ninguna sentencia, pero te reseñaremos la relación de FIESTAS LABORALES PARA EL AÑO 2013, que entiendo que puede ser de vuestro interés.

    Si quieres descargarte el texto íntegro, pincha AQUI.

    Para el caso de que NO puedes descargarte el archivo, COPIA la siguiente dirección y PÉGALO en tu navegador.

    http://www.amparolegal.com/assets/plugindata/poola/e30112012.pdf

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  • 23Nov

    La presente sentencia establece que la COMPETENCIA PARA SEPARAR DEL SERVICIO A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, INCLUIDOS LOS POLICIAS LOCALES, ES DEL ALCALDE.

    Los hechos sucedieron cuando un policía local fue separado del servicio por una resolución del Ayuntamiento en el que prestaba servicios, por la comisión de una falta muy grave. El agente impugnó esta resolución presentando un recurso contencioso-administrativo que dictó sentencia desestimatoria.

    Argumenta el agente la nulidad de la sanción por falta de competencia del Alcalde para sancionar, al entender que es aplicable al caso el art. 54.3 de la Ley 16/1991 de 10 de julio de Policías Locales en relación con el Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre.

    La Sala analiza si hay que aplicar al caso el art. 54.3 de la Ley 16/1991 de 10 de julio de Policías Locales (como sostiene el agente) o la aplicación de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local como normativa básica que determina la competencia de los órganos de los entes locales en materia sancionadora (como sostiene el Ayuntamiento).

    Continúa la Sala diciendo que se ha de partir del marco constitucional que determina el art. 148.1.18 conforme al que corresponde al Estado la competencia exclusiva para aprobar las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas. Dicha competencia se ejerció mediante la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local que fue la que determinó el marco legal en el ejercicio de la competencia sancionadora de los entes locales. Continue reading »

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  • 16Nov

    La sentencia que hoy comentamos se centra en el delito de atentado contra la autoridad, en donde se indica que LOS DISPAROS CONTRA VARIOS AGENTES NO DAN LUGAR A TANTOS DELITOS COMO NÚMERO DE ESTOS.

    Los hechos sucedieron cuando el procesado se encontraba en una discoteca y un momento determinado sacó de entre sus ropas una pistola en perfecto estado de conservación y funcionamiento; esgrimiéndola empezó a gritar y a amenazar a todo el mundo con matarle. El encargado de la discoteca se acercó para tranquilizarlo, momento en el que el acusado le dirigió el arma hacia él, haciendo la operación de montarla. Ante esto, el encargado salió huyendo al exterior del establecimiento. El acusado también salió y allí se encontró cuatro agentes de Policía Nacional en prácticas, que vistiendo con ropas civiles se identificaron verbalmente y exhibieron sus respectivos carnets profesionales.

    El acusado hizo caso omiso y huyó caminando, haciendo antes varios disparos al aire. Los cuatro agentes, acompañados del empleado de la discoteca, iniciaron su persecución dando continuas voces de “alto policía”. El acusado corría, se paraba y apuntaba al grupo, llegando a realizar dos disparos en la dirección de los agentes, obligando a que todos ellos se lanzaran al suelo y protegieran tras unos automóviles. Siguiendo la persecución, el grupo se dividió para tratar de interceptar al acusado, y uno de los agentes se acercó hasta unos 10 m, diciendo que era policía y que dejara el arma, sin que el acusado atendiera la orden y además, efectuara un disparo en dirección hacia él. Finalmente, otro agente logró acercarse sin ser visto y abalanzándose inició un fuerte forcejeo en cuyo transcurso el acusado disparó su arma. Ya reducido, pudo comprobarse que el acusado portaba otro cargado con seis cartuchos y estaba preparada por utilizarlo y disparar.

    Se dictó sentencia en la que se le absolvió de cuatro delitos de homicidio intentado, pero se le condenó de un delito de tenencia ilícita de armas así como de dos delitos de atentado. Frente a la sentencia recurrió en Casación alegando la indebida aplicación de los art. 550 y 551 CP. Continue reading »

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  • 08Nov

    Ante la consulta de varios compañero, hoy te comentamos una sentencia en la que se especifica que la LEGÍTIMA DEFENSA NO ES APLICABLE EN EL CASO DE UNA RIÑA TUMULTUARIA.

    Los hechos sucedieron cuando dos ciudadanos se encontraban en una plaza donde discutieron e intercambiaron golpes, tras lo cual ambos se fueron a sus domicilios. Poco después se encontraron de nuevo en esa plaza; uno de ellos traía un casco de moto, venía acompañado de su madre que traía un rascador de cocina y de su padre, que traía un palo cilíndrico de madera de unos 95 cm en el que se habían clavado chinchetas. El otro acusado traía una katana con un filo de unos 70 cm y venía acompañado por un hermano.

    Una vez todos allí, el grupo comenzó de nuevo a pelear entre sí, resultando varios de ellos lesionados. Se dictó sentencia en la se condenó a uno de los acusados (el que portaba la katana) como autor responsable de un delito de lesiones con uso de instrumento peligroso así como también autor de una falta de lesiones. El otro acusado, también fue condenado como autor de un delito de lesiones con uso de instrumento peligroso así como autor de una falta de lesiones y se absolvió a los acompañantes de la falta de maltrato de obra, con la concurrencia de la eximente completa de legítima defensa.

    Recurrieron en Casación  alegando la infracción de ley que había implicado la no aplicación del art. 20.4 CP referido a la legítima defensa.

    Sostiene la defensa que la intervención en los hechos tuvo lugar después de un primer enfrentamiento. La posible utilización de un instrumento peligroso no sería obstáculo para la apreciación de la eximente, a la vista de la katana que exhibió el otro contendiente. Continue reading »

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  • 02Nov

    Hoy te enviamos una sentencia en la que la Sala dice que UN TRASTERO NO PUEDE CONSIDERARSE DOMICILIO y por lo tanto, no son necesarias las mismas formalidades para efectuar en ellos una entrada y registro.

    Los hechos sucedieron cuando varios ciudadanos, actuando de forma coordinada, se dedicaban a la distribución de cocaína y marihuana. Tras la observación de los individuos así como analizar el contenido de muchas conversaciones telefónicas intervenidas previa autorización judicial, se realizaron también con autorización judicial, la entrada y registro de varios domicilios en los que se halló cocaína, marihuana, dinero en metálico, teléfonos móviles, ordenadores, balanzas de precisión y sustancias de corte. Se condenó a los ciudadanos como coautores de un delito contra la salud pública y recurrieron en Casación.

    El primero de ellos alega la vulneración del derecho a un proceso público con las debidas garantías del art. 24.4 CE. Él alega que el hallazgo de la cocaína en el trastero de su vivienda se produjo de forma ilegítima ya que ese registro se llevó a cabo sin la presencia del acusado que estaba detenido desde cuatro días antes.

    La Sala dice que el trastero, al estar ubicado fuera de la vivienda, no tiene la condición de domicilio porque sus características y su misma finalidad no pueden ser consideradas aptas para desarrollar en ese espacio físico la vida privada e íntima de la persona, sino que se trata de un habitáculo concebido y utilizado para almacenar trastos, utensilios y objetos en desuso y por ello, está excluido de las garantías constitucionales y de legalidad que protegen la inviolabilidad del domicilio. Continue reading »

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