• 19Jul

    En esta sentencia SE CONFIRMA QUE NO ES NECESARIA LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA ACCEDER AL EXÁMEN DE LA AGENDA DEL TELÉFONO MÓVIL.

    Los hechos sucedieron cuando agentes de la Policía Nacional realizaban servicios de vigilancia en una barriada y observaron un movimiento de personas que les resultó sospechoso en el interior del invernadero situado entre la barriada expresada y la playa, por lo que decidieron entrar en el mismo, encontrándose un semirremolque que dificultaba el acceso, lo que fue aprovechado por las tres o cuatro personas que se encontraban en el interior para darse a la fuga por distintos agujeros abiertos en los plásticos de la parte posterior del invernadero, sin que los agentes pudieran percatarse de la identidad de los fugados, aunque consiguieron advertir que uno de ellos vestía una chaqueta o sudadera tipo camuflaje.

    Una vez que los agentes entraron al invernadero, encontraron 83 fardos de hachís, dos teléfonos móviles encendidos, un juego de llaves, una carabina modificada para disparar y una caja de cartuchos. Tras examinar los agentes las agendas de contactos telefónicos de los dos móviles encontrados, los agentes pudieron comprobar que uno de ellos contenía un número registrado como “mamá”, correspondiente al número de teléfono fijo de la madre del acusado; las llaves encontradas pertenecían a un vehículo que era conducido habitualmente por dicho acusado.

    Se dictó sentencia en la que se condena al acusado de un delito contra la salud pública destacando como indicios incriminatorios que resultó ser el usuario de uno de los teléfonos móviles incautados así como el conductor habitual del vehículo y que en el momento de procederse a su detención después de la fuga del invernadero donde se encontró el alijo de hachís y los móviles, el recurrente vestía una sudadera de camuflaje como la que los agentes habían visto a una de las personas que huyeron del invernadero y que desde el portal y hasta la puerta de entrada de su domicilio se encontró un rastro de arena. Continue reading »

    Tags: , ,

  • 12Jul

    En esta sentencia se CONFIRMA QUE LOS MOSSOS DE ESCUADRA SON LOS COMPETENTES PARA INSPECCIONAR UN DESPACHO DE DETECTIVES PRIVADOS.

    Los hechos suceden cuando el Ministerio del Interior impone a un detective una sanción de 3.000 € prevista en el art. 27.1 Ley de Seguridad Privada por la comisión de una supuesta infracción muy grave tipificada en el art. 23.1.e) en relación con el art. 1.4 de la citada Ley debido a una inspección realizada.

    Contra esta sanción el detective interpuso demanda contencioso-administrativa.

    La inspección fue realizada por funcionarios de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña en el despacho profesional del detective.

    En esa inspección se pudo verificar que disponía de un Libro-Registro debidamente diligenciado foliado y sellado por la Sección de Seguridad Privada de esa Jefatura y que en el mismo figuraban anotados de forma correlativa los asuntos y encargos profesionales de sus clientes. Al serle solicitados al azar varios expedientes para comprobar si su contenido coincidía con lo anotado, el detective manifestó que “no disponía de ninguna documentación más, ni de las vigilancias ni de las gestiones realizadas pertinentes, aportando dicha información única y exclusivamente a sus clientes”. Continue reading »

    Tags: ,

  • 05Jul

    En esta sentencia se ABSUELVE DEL DELITO DE REVELACIÓN DE SECRETOS A UN INSPECTOR DE POLICÍA QUE ENVIÓ UN CORREO A LOS TEDAX DE TODA ESPAÑA INFORMANDO DEL FALLECIMIENTO DE UN COMPAÑERO DIFUNDIENDO DETALLES CONCRETOS DEL FALLECIMIENTO.

    El Inspector de policía acusado era Jefe de Grupo de los TEDAX, unidad en la que también estuvo destinado un subinspector. Dicho subinspector causó baja en el servicio y unos meses después pasó a la situación de jubilación por incapacidad permanente debido a un trastorno depresivo por conflicto laboral.

    Hubo entre ambos discrepancias profesionales y el subinspector sufrió trato discriminatorio al denegársele una comisión de servicios.

    Un año más tarde, el subinspector falleció en un hostal. Advertida la Policía del fallecimiento, una dotación policial se desplazó al lugar del suceso  y se documentaron las primeras diligencias.

    Dicho oficio se archivó en la red informática de la Policía (intranet-SINDEPOL) a la que los funcionarios de Policía tenían acceso mediante la correspondiente clave.

    Un resumen del contenido del atestado fue reflejado dentro del apartado “novedades significativas” y se envió por correo electrónico, como era habitual, a los superiores jerárquicos, a los Jefes de Brigadas y a los Comisarios de distrito y locales. Como única mención a las circunstancias que afectaban a la intimidad del fallecido, decía que “junto al cadáver se encontraban sustancias, al parecer estupefacientes”.

    El Inspector, que ya tenía conocimiento del fallecimiento porque desde el 091 se habían puesto en contacto con él la noche anterior para pedirle información que ayudase a localizar a los familiares, compareció en el despacho de su superior jerárquico quien le ordenó que comunicara la noticia al superior jerárquico en la Central en Madrid.

    Cumpliendo esa orden, el Inspector envió un correo electrónico al que se adjuntaba el archivo del oficio que estaba registrado en SINDEPOL, en el que decía “Asunto: FW: Fallecimiento TEDAX jubilado”.

    Como no recibió respuesta al correo, el Inspector llamó por teléfono al superior de Madrid quien le encargó que avisara del fallecimiento a los compañeros TEDAX de toda España para que pudieran transmitir su pésame a la familia.

    Siguiendo esas instrucciones, el Inspector reenvió a los TEDAX de toda España el mismo correo que había dirigido al Comisario, difundiendo indebidamente los detalles concretos del fallecimiento, en especial los relacionados con el hallazgo de sustancias estupefacientes, que afectaban gravemente a su esfera personal e íntima y atentaban contra su fama y memoria, sin percatarse de que también remitía el archivo con la información policial.

    La Audiencia dictó sentencia en la que absolvió al Inspector del delito de revelación de secretos. Frente a esta sentencia, el Sindicato de Policía y la mujer e hija del fallecido, recurrieron en Casación

    El Sindicato sostiene el carácter delictivo de los hechos sobre dos bases diferentes. En primer lugar, al afirmar que la remisión al Comisario Jefe Central del archivo policial en el que constaban algunas circunstancias relativas al hallazgo del cadáver del subinspector fallecido, se había efectuado previo el acceso no autorizado a dicho archivo, de forma innecesaria y con la intención de desacreditar a aquel. En segundo lugar, porque la remisión del citado fichero a todos los Tedax de España no se realizó inadvertidamente, sino de forma consciente.

    Dice la Sala que los aspectos relativos a la aparición de sustancias cerca del cadáver, ya habían sido remitidos a través del correo electrónico, como era habitual, a los superiores jerárquicos, a los jefes de brigadas y a los comisarios de distrito y locales y a nivel interno, estaba a su disposición en el sistema informático, por lo que no puede achacarse una intención de desacreditar.

    Sigue diciendo la Sala que tampoco puede entenderse probado que no estuviera autorizado el acceso a esa información. En la sentencia se declara probado que el Inspector, al remitir el correo a los Tedax comunicando el fallecimiento, lo hizo “sin percatarse de que también remitía el archivo con la información policial”, por lo que no es posible entender que lo hizo conscientemente.

    También denuncia el Sindicato la indebida aplicación del art. 417 C. Penal. Sostiene que en caso de no ser aplicable el art. 197, al haber divulgado el acusado datos reservados de un particular conocidos por razón de su cargo de forma legal, registrados en archivo informático, estaríamos en la infracción del art. 417 C.P.

    La Sala lo analiza y dice que la diferencia esencial entre las conductas contempladas en los art. 197 y 198 y el 417, se centra en la legalidad del acceso a la información reservada.

    El art. 197 exige que el autor no esté autorizado para el acceso, el apoderamiento, la utilización o la modificación de los datos reservados mientras que el art. 417 castiga la revelación de secretos o informaciones que no deban ser divulgados y de los que la autoridad o funcionario público tenga conocimiento por razón de su cargo.

    El Sindicato considera que la remisión del fichero a los Tedax se hizo consciente e intencionadamente. Sin embargo, la Sala da la razón a lo que ha dicho la Sentencia dictada que declaró probado que tal remisión se efectuó sin que el Inspector se percatara de ello, lo cual determina su absolución.

    Si quieres descargarte el texto íntegro de la directiva, pincha AQUÍ.

    Para el caso de que NO puedes descargarte el archivo, COPIA la siguiente dirección y PÉGALO en tu navegador.

    http://www.amparolegal.com/assets/plugindata/poola/e05072013.pdf

    Tags: ,