• 28Feb

    La sentencia de hoy AVALA QUE LA POLICÍA TOME MUESTRAS DE ADN SIN CONSENTIMIENTO NI AUTORIZACIÓN JUDICIAL.  Es la SENTENCIA de 5 de Diciembre de 2013 DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

    Los hechos sucedieron cuando un ciudadano fue detenido al sospecharse que era uno de los cabecillas de la kale borroka. Al salir de la celda para ir al baño, arrojó un esputo al suelo. Sin su conocimiento ni consentimiento y sin disponer de autorización judicial, la Ertzaintza recogió la saliva y realizó una prueba pericial para comparar el ADN con el obtenido de varias prendas recogidas en los lugares donde se habían producido ataques de kale borroka llevados a cabo por personas encapuchadas. Una de ellas era la manga de un jersey utilizada por uno de los asaltantes a un autobús urbano al que prendió fuego. Otro era una camiseta abandonada junto a una sucursal bancaria incendiada.

    La primera condena dictada por el asalto del autobús fue revocada por el Tribunal Supremo porque el esputo del que se obtuvo el ADN se recogió sin autorización judicial. Seis meses después, el Supremo avaló una segunda condena referida al incendio de la sucursal bancaria basada en la misma prueba de ADN antes rechazada. Al acusado se le impusieron seis años de prisión. El condenado solicitó el amparo ante el Tribunal Constitucional.

    El Constitucional rechaza que el condenado sufriera una aplicación desigual de la ley porque hubo un cambio de criterio del Supremo, que fue razonado y se basó en un argumento –que el resto biológico fue dejado voluntariamente por el condenado- que no había sido manejado en la anterior resolución. Continue reading »

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  • 21Feb

    Hoy te enviamos una sentencia en la que se especifican las MODALIDADES EN LA FALTA GRAVE DE INSUBORDINACIÓN de la Guardia Civil.  Es la SENTENCIA Nº 77 de 4 de Octubre de 2013 de la SALA DE LO MILITAR DEL TRIBUNAL SUPREMO.

    Los hechos sucedieron cuando un agente de la Guardia Civil efectuó una llamada telefónica al botiquín de los Servicios Médicos de su Comandancia, siendo transferida dicha llamada a un Capitán. Durante la llamada, el agente se dirigió al Capitán de forma irrespetuosa, poniendo en duda su autoridad y expresándose con palabras soeces tales como “se puede ir donde le salga de la polla y que deje de tocarle los cojones por muy Capitán que sea” o “que se vaya a la mierda”.

    Con motivo de estos hechos, se le impuso al agente la sanción de pérdida de cinco días de haberes con suspensión de funciones   como autor de la falta grave consistente en la “falta de subordinación”. El agente recurrió dicha sanción e interpuso Recurso de Casación frente a la sentencia.

    En primer lugar, el agente alegaba que el tribunal sentenciador vulneró su derecho fundamental a la presunción de inocencia porque “los hechos probados no gozaban de un apoyo probatorio suficiente para poder realizar una acusación como la que se mantiene”.

    Dice la Sala que examinada la sentencia, esa alegación debe ser rechazada porque el tribunal basó su convicción en un conjunto probatorio cuya legalidad no se niega y cuyo contenido incriminatorio es rotundo.

    La prueba estuvo formada por el parte disciplinario emitido por el capitán médico de la unidad y ratificado ante el instructor, la declaración del funcionario del servicio médico y la declaración del capitán. De las declaraciones del capitán y de los otros testigos se desprende que no hay ninguna duda respecto a la realidad de las frases.

    También alega el agente que el tribunal sentenciador vulneró el principio de tipicidad pues entiende el agente, que solo puede haber insubordinación si existe una orden.

    La Sala tiene declarado con reiteración que para la existencia de la falta grave de insubordinación se requiere la realización de alguna de las siguientes conductas: Continue reading »

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  • 14Feb

    La sentencia de hoy CONDENA A UN AGENTE POR UN DELITO DE LESIONES IMPRUDENTE Y LE SUSPENDE POR UN AÑO DE SUS FUNCIONES por detonar una artefacto en el interior del vehículo de un sospechoso con él dentro.  Es la SENTENCIA Nº 895 de 27 de Noviembre de 2013 de la SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO.

    Los hechos sucedieron cuando la Unidad de Secuestros y Extorsiones recabó la intervención del Grupo Especial de Intervención de los Mossos d´Esquadra para proceder a la detención de un sospechoso por los delitos de detención ilegal, amenazas, vejaciones y asociación ilícita.

    Uno de los agentes acusados, como sargento coordinador del operativo, diseñó la intervención acordando incluir entre el material de intervención a utilizar, seis artefactos detonadores cuya función es aturdir y desorientar momentáneamente mediante una explosión de luz y sonido. Una vez analizados los riesgos de la operación, el sargento descartó entrar en el domicilio del sospechoso, optando por la detención en la calle al considerar que así generaría menor riesgo. La intervención así planteada fue aprobada por los superiores jerárquicos del sargento.

    En la operación intervinieron ocho agentes, entre los que se encontraba el agente condenado. En el dispositivo de vigilancia instalado en las inmediaciones del domicilio del sospechoso, los agentes vieron que éste individuo junto a otro de complexión fuerte salían de la vivienda y subieron al vehículo del sospechoso y cuando habían recorrido unos doscientos metros y siguiendo el plan que habían trazado, dicho vehículo fue interceptado por los agentes quienes pusieron una furgoneta delante y otra detrás para impedirles el paso y la huida.

    Acto seguido los agentes uniformados bajaron de las furgonetas, se identificaron como policías y requirieron a los ocupantes del vehículo para que levantasen las manos y abriesen las puertas.

    Como quiera que los ocupantes del vehículo no hicieron caso, los agentes fracturaron los cristales. Así, el agente condenado fracturó el cristal del copiloto donde se encontraba el segundo individuo y otro agente fracturo el cristal del conductor. En ese momento, el vehículo se desplazó hacia delante dos o tres metros, ante lo que el agente condenado, temiendo que el vehículo envistiese la furgoneta policial o pusiese en peligro la integridad de sus compañeros y a través del agujero del cristal, introdujo una mano y lanzó al interior del vehículo una granada, sabiendo que el tiempo de retardo de la detonación eran dos segundos y que ante lo reducido del espacio, el artefacto iba a caer sobre el cuerpo del individuo.

    En efecto, la granada explotó quedándole como secuelas: pérdida traumática de testículo derecho y del 75% del testículo izquierdo sino no funcionante el 25% restante (ausencia de espermatozoides); dolor en 4º dedo mano derecho y dificultad en la flexión de la articulación interfalángica proximal; trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo; pequeñas cicatrices y zona hiperpigmentada. El perjudicado tenía 25 años de edad en el momento de los hechos. Continue reading »

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  • 07Feb

       La sentencia de hoy ANULA UNA SANCIÓN IMPUESTA A UN GUARDIA CIVIL POR  GRABAR CON SU TELÉFONO A LOS CIUDADANOS A LOS QUE MULTA. Es la SENTENCIA Nº 92 de 15 de Octubre de 2013 de la SALA DE LO MILITAR DEL TRIBUNAL SUPREMO.

        Los hechos sucedieron cuando un agente de la Guardia Civil estaba prestando servicio de vigilancia de carreteras en calidad de Jefe de Pareja. Estando circulando por la carretera, observaron la comisión de una infracción de tráfico cuando el conductor de un turismo se encontraba en el arcén de la vía sin hacer uso del chaleco reflectante, lo que motivó que le extendiese un boletín de denuncia. 

       La intervención de los agentes con dicho conductor originó un incidente por causa de su disconformidad con la denuncia, por lo que el Guardia Civil acusado optó por llevar a cabo una grabación de la conversación con su teléfono móvil, como mecanismo de defensa ante sus superiores, por tratarse de un usuario que ya había sido denunciado anteriormente. De tal grabación no informó al ciudadano en cuestión. 

       Los agentes volvieron a su Destacamento informando al Jefe del incidente y mostrándole la grabación a este suboficial. 

       A las pocas horas, el sancionado se presentó en el destacamento para presentar una quejar por la actuación llevada a cabo por el agente acusado. El Jefe del destacamento le hizo saber que la actuación del agente había sido revisada personalmente y que a su juicio, fue correcta. No conforme con lo expuesto, el ciudadano hizo una anotación en el libro de quejas y sugerencias del Puesto, a la que se dio el correspondiente curso sin que se declaración ninguna responsabilidad frente al agente. 

       Al día siguiente, el ciudadano compareció nuevamente en el cuartel donde hizo otra anotación en el libro de quejas, por entender vulnerados sus derechos constitucionales a la intimidad, al honor y a la dignidad de su persona, al ser informado de la existencia de una grabación de su conversación y la difusión de la misma, como consecuencia de la conversación mantenida el día anterior con el Jefe del Destacamento. A causa de esta nueva anotación, se  impuso al agente una sanción de pérdida de diez días de haberes con suspensión de funciones como autor de una falta grave y que dio lugar a una sentencia en la que se confirmaba dicha sanción. Frente a esta sentencia, el agente interpuso recurso de Casación. 

       El agente recuerda  que la sanción se ha producido por graba con el teléfono móvil particular  su conversación con un usuario de la vía en el transcurso de un servicio, sin comunicárselo previamente y después de recordar también que la única difusión que el sancionado dio a esa grabación fue la presentación ante su superior jerárquico. Así mismo, refiere que el derecho a la intimidad no es absoluto pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes. 

       Así concluye en agente que cuando una persona se ve amenazada en su trabajo, resulta proporcional tanto para su defensa como para una hipotética acusación, realizar una grabación de lo que está pasando y de la conversación que está manteniendo. Como resulta que tal grabación no se utilizó para otra cosa más que para defenderse de una queja evidentemente salsa, no existe ni tratamiento de datos ni mucho menos difusión de tales datos. 

       Analiza la Sala el tema y dice que ciertamente, el agente no discute los hechos ocurridos y que recuerda que la primera norma jurídica que debe presidir la actuación profesional de la Guardia Civil es la contenida en el art. 15 de la Ley Orgánica 11/2007 reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, que preceptúa que “los miembros de la Guardia Civil tienen el deber de respetar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico así como de proteger el libre ejercicio de los deberes y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. Continúa diciendo que la obligatoriedad de la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos excluye cualquier conducta que suponga una vulneración de los mismos.  

       Analizando el razonamiento dado por el Tribunal sentenciador, la Sala estima que es errónea la tipificación realizada cuando a la hora de señalar la obligación vulnerada  por el agente se remite al derecho a la intimidad del ciudadano cuya conversación grabó. La Sala no lo comparte por entender que la grabación no tiene la consideración de intromisión ilegítima en la vida personal y familiar. 

       La Sala entiende que en el presente caso, la grabación no se produjo para el conocimiento de la vida íntima del ciudadano que estaba siendo denunciado, ni se realizó para conocer manifestaciones no destinadas a quien hace uso de tal medio; sino que la grabación se efectuó durante una relación del servicio, sin referirse a datos que afecten a la esfera de la intimidad del grabado con la finalidad de “mecanismo de defensa ante sus superiores”.  Continue reading »

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