• 31Oct

     

    Hoy comentamos una sentencia en la que se ANULA LA SANCIÓN IMPUESTA A UNA GUARDIA CIVIL EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ. Es la SENTENCIA Nº 31 de 26 de Junio de 2014 de la SALA de lo MILITAR del TRIBUNAL SUPREMO.

    Los hechos sucedieron cuando una cabo de la Guardia Civil era sargento eventual alumna del Curso de Acceso a la Escala de Suboficiales que se celebraba en la academia de Baeza. La agente había sido autorizada para pernoctar fuera de la Academia y cada día lectivo debía presentarse en ella para participar en las actividades de formación media hora antes del inicio de las actividades académicas.

    Una noche, la agente junto con su compañera, consumió una cantidad de bebidas alcohólicas en varios bares de la localidad. Tras eso, las dos suboficiales alumnas fueron a otro bar y se unieron a un grupo de compañeros alumnos donde la agente ingirió más bebidas y así hasta aproximadamente las 4:30 de la madrugada.

    Sobre las 4:55 h la sargento eventual alumna, en un evidente estado de plena intoxicación etílica, se personó en la garita de acceso principal de la Academia con el propósito de entrar en el centro lo que no le fue permitido por el guardia civil de servicio por no ser la hora de entrada. La alumna vestí ropa de paisano y presentaba ojos brillantes, pupilas dilatadas, habla pastosa y titubeante, halitosis alcohólica y descoordinación de movimientos.

    La interesada se marchó pero regresó al cabo de unos minutos reiterando de forma más exigente su deseo de entrar y requirió al guardia la presencia del comandante de la guardia, un sargento que advirtió igualmente el estado de intoxicación etílica. Acto seguido la suboficial alumna comenzó a llorar y viendo el sargento las condiciones en las que se encontraba  la acompañó hasta el soportal del Cuerpo de Guardia donde estaba de servicio una agente, a fin de que ésta pudiera preguntarla qué le pasaba y calmarla.

    Visto que ninguno conseguía averiguar los motivos del llanto y para evitar que pudiera sufrir algún daño mientras deambulaba por la localidad, el sargento autorizó a la suboficial alumna a que pasara el resto de la noche en el módulo de mujeres de la academia, al que fue ayudada a llegar por la dificultad que tenía para mantenerse erguida. Ya en el dormitorio la agente que la había acompañado junto con otra alumna, procedieron a desvestirla y la metieron en la cama.

    La compañera con la que había estado bebiendo la noche anterior, al darse cuenta del estado en que se encontraba la suboficial alumna, la despertó y la ayudó a darse una ducha que la reanimara sin que la expedientada fuera consciente de ello. A las 8:30 h empezaron las clases que consistían en dirigir la instrucción de orden cerrado con armas y la expedientada tenía que explicar los movimientos a un grupo de alumnos; ella tenía los ojos enrojecidos, descoordinación al realizar los movimientos, escasa capacidad de exposición de ideas y halitosis alcohólica muy evidente. Todo ello fue observado por la alférez que supervisaba la clase y dispuso el cese de la suboficial en ese cometido y su relevo. Continue reading »

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  • 24Oct

     

    Hoy comentamos una sentencia de gran actualidad del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE INVALIDA LAS GRABACIONES REALIZADAS EN DEPENDENCIAS POLICIALES. Es la SENTENCIA de 22 de Septiembre de 2014 de la SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

    Esta sentencia ha invalidado como pruebas incriminatorias unas grabaciones realizadas en dependencias policiales a un condenado por asesinato y ha causado gran preocupación entre Jueces y Fiscales.

    El Constitucional ha estimado el recurso de un condenado por asesinato por entender que se ha vulnerado su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Aunque la nulidad de estas diligencias no impidió la confirmación de la pena, pues había otras pruebas determinantes, el fallo sienta un inquietante precedente.

    Esta sentencia del Constitucional podría afectar a grabaciones ambientales en curso, que son cruciales y que podrían ser invalidadas. Además, este nuevo criterio podría afectar a investigaciones con tanta repercusión como las de los casos Faisán y Asunta así como a investigaciones relacionadas con terrorismo, narcotráfico y mafias.

    Las intervenciones telefónicas por orden del juez son habituales. La utilización de micrófonos abiertos instalados en un despacho, un bar, un coche o un parque carece de una cobertura legal suficiente.

    En la sentencia del Constitucional advierte que la Ley de Enjuiciamiento Criminal ampara la interceptación de conversaciones telefónicas pero no las escuchas de otra naturaleza y advierte de que una insuficiente regulación no puede legitimar una vulneración en el secreto de las comunicaciones.

    Es decir, es el propio Tribunal Constitucional el que pone de manifiesto una laguna legal; así, una generalización de este criterio invalidaría el valor probatorio de todas las grabaciones realizadas con micrófonos abiertos o balizas incluso cuando las escuchas se realicen bajo supervisión judicial.

    Esto dejaría vía libre para las organizaciones criminales que evitan las conversaciones telefónicas para no arriesgarse a que sean interceptadas.

    Si quieres descargarte el texto íntegro de la Sentencia, pincha AQUÍ

    Para el caso de que NO puedes descargarte el  archivo, COPIA la siguiente dirección y PÉGALA en tu navegador.

    http://www.amparolegal.com/assets/plugindata/poola/e24102014.pdf

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  • 17Oct

    Hoy comentamos una sentencia en la que confirma la CONDENA POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA A UN GUARDIA CIVIL QUE UTILIZABA SU ARMA REGLAMENTARIA Y OTROS UTENSILIOS PARA TRAFICAR CON DROGA. Es la SENTENCIA Nº 120 de 26 de Febrero de 2014 de la SALA de lo PENAL del TRIBUNAL SUPREMO.

    Los hechos sucedieron cuando un Sargento de la Guardia Civil en compañía de dos ciudadanos colombianos, circulaban por una autopista en el vehículo del agente, siendo en esos momentos objeto de seguimiento y vigilancia por los miembros del Equipo EDOA de la Guardia Civil que les investigaban por su presunta implicación en el tráfico de drogas.

    Al llegar a un peaje, los agentes que les vigilaban deciden interceptar el vehículo ante las sospechas de que podrías estar transportando sustancias estupefacientes.

    En ese momento, con el fin de evitar la detención y tratando de aprovechar su condición de agente para sus ilícito mostró su identificación de agente a los actuantes a la vez que decía “soy compañero de tráfico ¿no me conocéis?, lo que no disuadió a los agentes del EDOA y procedieron al registro superficial del vehículo donde hallaron bajo el asiento del conductor, un bolso negro con varios paquetes, uno de cocaína, otro de fenacetina y otro de cafeína, sustancias que se usan para el corte de la cocaína y que tenían como destino la venta y distribución a terceros.

    Además, fueron hallados dos transmisores modelo SIRDEE, el primero adjudicado al acusado para su utilización personal en el servicio de tráfico y el segundo destinado al puesto principal de la Guardia Civil así como una nota manuscrita y fotocopia de la misma en la que se recogían los nombres, documentados nacionales de identidad de 21 guardias civiles pertenecientes a la Policía Judicial y la matrícula de un vehículo policial destinado al equipo EDOA además de dos cajas de munición y la pistola reglamentaria asignada oficialmente para su labor como agente de la autoridad, efectos que el mismo portaba para la mayor seguridad e impunidad de su ilícita actividad.

    Al día siguiente se procedió, previa autorización judicial, al registro de los domicilios de los colombianos y fueron encontrados cocaína, marihuana, 18 teléfonos móviles, básculas de precisión, una navaja, cucharas con restos de polvo blanco….

    En la fecha de los hechos, el agente era consumidor ocasional de cocaína si bien no presentaba una gran adicción.

    Por estos hechos se dictó sentencia en la que se condenó al agente como autor responsable de un delito contra la salud pública con la circunstancia de prevalimiento de su carácter de agente de la autoridad a cuatro años y seis meses y una multa de 29.000 €. Frente a esta sentencia, el agente recurrió en Casación alegando entre otras, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por denegación de pruebas que ha ocasionado indefensión. Se refiere el agente a una supuesta solicitud de la defensa para que se preguntase a la Guardia Civil y a Movistar si se habían realizado seguimientos del recurrente a través del GPS de su móvil. Considera que esta prueba habría permitido conocer la forma en que se desarrolló la detención del recurrente y por qué no se detuvo a otras personas y estima que la ausencia de esta prueba determina la nulidad del juicio. Continue reading »

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  • 10Oct

    Hoy comentamos una sentencia en la que confirma la SANCIÓN IMPUESTA A UN GUARDIA CIVIL POR FALTA DE SUBORDINACIÓN. Es la SENTENCIA Nº 78 de 27 de Noviembre de 2013 de la SALA de lo MILITAR del TRIBUNAL SUPREMO.

    Los hechos sucedieron cuando un Agente de la Guardia Civil tenía nombrado un servicio de vigilancia de carreteras junto a otro agente. Al comenzar el servicio, ambos se dirigieron al By-pass del carril adicional a realizar el cometido que tenían establecido en la orden de servicio.

    Después de unas dos horas y al escuchar por transmisiones que circulaba un camión por dicho carril adicional, se personó en el citado By-pass el Capitán Jefe Interino del Subsector, que se situó al llegar en medio del carril izquierdo, al objeto de ir introduciendo los vehículos que circulaban por este carril hacia el carril adicional y de indicar a los usuarios sobre la posibilidad de circular por el carril para evitar las retenciones existentes.

    En el citado lugar se encontraba ya el Teniente, Jefe del Destacamento hablando con el agente sobre la entrada del camión en el carril adicional, quien le comentó que no lo habían visto porque estaban colocando unos conos.

    Una vez que el agente finalizó la conversación con el Teniente, el Capitán Jefe Interino le ordenó que se situara donde estaba él para que continuara realizando el mismo cometido, a lo que el agente se negó porque consideraba que existía peligro de atropello, siéndole reiterada la orden en tres ocasiones más, negándose a cumplirla. Continue reading »

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  • 03Oct

    Hoy comentamos una sentencia en la que confirma la CONDENA POR COHECHO A UN INSPECTOR DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA POR PREVALERSE DE SU CARGO PARA OBTENER SERVICIOS SEXUALES EN CLUBS DE ALTERNE. Es la SENTENCIA Nº 123 de 20 de Febrero de 2014 de la SALA de lo PENAL del TRIBUNAL SUPREMO.

    Los hechos sucedieron durante un periodo de tiempo de unos cuatro años en varios clubs de alterne situados en una localidad o en las cercanías de esa localidad cuya Comisaría de Policía Nacional padecía escasez de personal, lo que dificultaba pero no impedía el cumplimiento de sus cometidos de prevención y persecución de delitos.

    Los acusados, entre ellos el Inspector y el Subinspector, mientras formaron parte de la Unidad de Policía Judicial, realizaron en varios clubs de alterne actuaciones rutinarias, no habiendo quedado acreditado que supieran que en los clubs se estuviera traficando con droga.

    Tras una inspección realizada por agentes de su comisaría al club, el inspector acudió al  establecimiento en compañía de dos personas y prevaliéndose de su cargo permanecieron los tres varias horas dentro del local consumiendo las bebidas que quisieron y entrando a su antojo de las habitaciones que ocupaban las mujeres que allí ejercían la prostitución, sin que conste que tuvieran relaciones sexuales con las chicas, y para el caso de haberlas tenido, si abonaron o no. Al final, se marcharon sin abonar las bebidas, aduciendo que ya sabían quiénes eran.

    En otra ocasión, el Inspector acudió a otro local con un amigo, solicitando bebidas y servicios sexuales que no tenían intención de pagar, de modo que la dueña ordenó a dos chicas que les atendieran y mantuvieron relaciones sexuales con los dos hombres sin contraprestación alguna, sólo a causa de la presión ejercida por la dueña del local, que a su vez no tenía más interés que complacer a este responsable policial temiendo represalias; tampoco abonaron las consumiciones.

    En fechas posteriores el Inspector regresó a ese club y sacó en dos ocasiones del establecimiento a una chica para tener relaciones sexuales con ella sin remunerarla por ello, limitándose a ofrecerle promesas de protección y a facilitarle su número de teléfono para que lo llamara si tenía problemas.

    En varios casos de chicas que eran detenidas en los locales en situación irregular, se dictaron frente a ellas órdenes de expulsión pero no ha quedado acreditado que el Inspector ni el Subinspector no notificaran ni ejecutaran, pudiendo hacerlo, los decretos de expulsión, para favorecerlas.

    Si dictó sentencia frente a los acusados por varios delitos, siendo absueltos del delito de omisión del deber de perseguir delitos del art. 408 C Penal, del delito de abuso en el ejercicio de función pública de los arts. 443.1º C. Penal en concurso con un delito de abusos sexuales de los arts. 181.1 y 3 y 182.1 C. Penal y siendo condenando al Inspector como autor responsable de un delito continuado de cohecho de los arts. 426 y 74.1 C. Penal. Frente a esta sentencia el Inspector interpuso recurso de Casación. Continue reading »

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